Santo Domingo.-El abogado José Martínez Hoepelman afirmó este martes que los acuerdos alcanzados por el Ministerio Público en el caso Calamar podrían comprometer la credibilidad del proceso judicial, al tiempo que destacó que estos “son de una relevancia social importante”. Según explicó, la sociedad dominicana tiene derecho a conocer lo que ocurre en procesos de alto impacto público, ya que la transparencia en estos casos resulta esencial para mantener la confianza ciudadana en la justicia.
“Ese caso, desde mi óptica, tiene ese cáncer. Y es bueno que se vaya sabiendo desde ahora, porque después, cuando termine con una decisión que no sea la que la sociedad espera, le vamos a querer echar la culpa a la justicia. Y la justicia no tiene que ver con eso. Ese muerto será del Ministerio Público”, sostuvo.
Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, Hoepelman cuestionó la legalidad y la transparencia de los denominados criterios de oportunidad otorgados a los principales implicados del caso. Según explicó, dichos acuerdos fueron aprobados “a puertas cerradas, de espaldas a las defensas”, lo que, a su juicio, constituye una violación a los procedimientos legales establecidos.
“El Ministerio Público no puede perdonar a los actores principales del delito. La ley solo permite aplicar un criterio de oportunidad a quien tenga una participación menor y colabore eficazmente con la investigación o ayude a detener la actividad criminal”, afirmó.
No hay igualdad de criterios
Hoepelman sostuvo que en el caso Calamar se han “perdonado culpables y sometido inocentes”, citando como ejemplo a los imputados Fernando Crisóstomo, Mimilo Jiménez y José Ureña, quienes según dijo fueron señalados por el propio Ministerio Público como creadores de estructuras empresariales utilizadas para recibir cientos de millones de pesos en sesiones de crédito, pero que fueron beneficiados con acuerdos judiciales.
“Usted le da un criterio de oportunidad al que apretó el gatillo y mató a sesenta personas, y somete al que le facilitó el arma. Eso es lo que ha pasado aquí”, expresó.
El jurista denunció además que las defensas desconocen los términos de dichos acuerdos, pese a que la ley exige que se documenten formalmente y estén sustentados en hechos y en derecho.
“Usted los conoce, esos acuerdos. Yo tampoco. Y yo formo parte del proceso. Eso se hizo a puertas cerradas. ¿Y la ley lo permite? Obviamente que no. Tiene que haber un documento motivado que justifique esos acuerdos, y eso no existe”, advirtió.
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Sobre los acuerdos, Hoepelman recordó que varios de los implicados devolvieron importantes sumas de dinero algunos más de dos mil millones de pesos, pero insistió en que el Ministerio Público violó el principio de proporcionalidad al no justificar debidamente los criterios de oportunidad.
Caso con características de persecución política
El abogado también sostuvo que este caso presenta características de persecución política contra el excandidato presidencial Gonzalo Castillo, ya que la imputación contra él no guarda relación con los hechos descritos por el propio Ministerio Público.
“Gonzalo Castillo está ahí no por su condición de ministro, sino por su condición de candidato presidencial. ¿No será eso una persecución política? Yo no sé si lo es o no, pero tiene características”, advirtió.
El abogado señaló que las acusaciones contra Castillo no guardan coherencia con la narrativa presentada por el Ministerio Público, pues “mezclan temas de pago de deudas públicas con financiamiento ilícito de campañas electorales”.
La honestidad se mide al salir del cargo
Consultado sobre el desempeño de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, Hoepelman reconoció algunos aspectos positivos, pero dijo que el verdadero juicio sobre su gestión sólo podrá hacerse cuando deje el cargo.
“El paso de los funcionarios públicos no se evalúa cuando están en funciones, sino cuando salen. Hasta el momento, Yeni Berenice ha navegado con cierto éxito. Habrá que ver cuando termine”, expresó.
Asimismo, valoró la creación de un órgano dentro de la Procuraduría para representar a las víctimas, calificandolo como “una medida brillante y necesaria”.
Sobre extradiciones
El jurista también explicó que los procesos de extradición suelen manejarse bajo estricta confidencialidad y que, sin embargo, se ha vuelto costumbre que las personas requeridas se enteren antes de su arresto.
“Parece que algunos tienen información privilegiada, porque antes de ser apresados se montan en un avión y se entregan voluntariamente en Estados Unidos”, observó.
Finalmente, Hoepelman concluyó que el manejo del caso Calamar deja en evidencia graves irregularidades procesales y decisiones cuestionables. “Cuando ese proceso termine en una decisión distinta a la que la sociedad espera, no le echen la culpa a la justicia. Ese muerto será del Ministerio Público”, sentenció.
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