La Presidencia de la República contrató por tres años a la empresa que representaba Mónica Moura, esposa de Joao Santana, para realizar trabajos de “asesoría en comunicación y planificación estratégica”, pagándole, durante ese periodo 3,600,000 dólares a razón de un millón 200 mil dólares por cada año.
El período de los contratos va desde diciembre de 2012 hasta diciembre de 2015, según se desprende de una carta enviada por el Gobierno a la Cámara de Diputados, para responder a la legisladora Faride Raful, quien denunció el pago de 1,400 millones de pesos para Moura y su esposo. La diputada pidió que se abriera una investigación, lo que fue rechazada por el pleno de los diputados.
El Gobierno dominicano informó que los pagos totales a las empresas de Joao Santana y Mónica Moura ascendieron a RD$430,506,711.17, negando de esta manera la acusación que hiciera el Partido Revolucionario Moderno (PRM) de contratos por valor de RD$1,400 millones.
“Es clara la mala intención de los referidos diputados, quienes agregaron casi mil millones de pesos a las sumas pagadas a las referidas empresas, a pesar de tener en su poder copia de la documentación que evidencia claramente los pagos realizados”, señala en una carta José Ramón Peralta, ministro Administrativo de la Presidencia, que fue leída hoy en la sesión de la Cámara de Diputados.
En la comunicación se señala una renovación del contrato suscrito para el mismo fin en el año 2015, que luego fue cancelada. En la carta se señala que la cancelación se produjo porque a partir de enero de 2016 se iba a entrar de lleno en la campaña electoral, y que el presidente Danilo Medina no quería se vincularan a sus asesores a pagos desde el Gobierno.
Los contratos firmados con Moura se renovaron en diciembre de 2013 hasta el 3 de diciembre de 2014, siempre con el mismo monto, 1,200,000 millones de dólares.
El 19 de noviembre de 2014 se registró otra renovación del contrato por la misma cifra, de 1,200,000 millones de dólares, y fue entre el 3 de diciembre de 2014 hasta el 3 de diciembre de 2015.
La carta del Gobierno llega en respuesta a la diputada Faride Rafúl, quien denunció que le habían pagado hasta RD$1,400 millones a los brasileños, que resultaron condenados en Brasil por casos de corrupción y lavado de activos. Raful denunció que el Gobierno siguió pagando a los brasileños hasta 2017, fecha en la que ya se encontraban presos en su país.
UNA RESPUESTA OFICIAL A LA ACUSACIÓN
UNA COMUNICACIÓN: En una carta firmada por el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y Roberto Rodríguez Marchena, el portavoz del Gobierno, leída ayer en la sesión de la Cámara de Diputados, el Gobierno dice que en la denuncia de legisladores del PRM sobre este caso, “es clara la mala intención de los referidos diputados, quienes agregaron casi mil millones de pesos a las sumas pagadas a las referidas empresas, a pesar de tener en su poder copia de la documentación que evidencia claramente los pagos realizados”.