Como un cazador de fieras salvajes, el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, se tomó la ley en sus manos al encabezar un operativo, armado de una escopeta, contra haitianos ilegales en el municipio. No es la primera vez en que el alcalde del PRM usurpa funciones que competen a otros organismos en la persecución contra inmigrantes haitianos. Ha justificado su intervención señalando que es para evitar la prostitución de haitianas y el robo a propiedades y residencias por inmigrantes legales e ilegales. En un Estado de derecho, consentir o celebrar las violaciones a la Constitución en que incurre Riverón es estimularlas. El polémico alcalde debe buscar otra manera de canalizar su odio contra los haitianos sin comprometer a un país que se rige por leyes. Si Riverón entiende que Dajabón o el territorio dominicano son una selva, donde se puede imponer la ley del más fuerte, está equivocado. Con el operativo que encabezó no dejó de recordar la masacre que en 1937 costó la vida a miles de haitianos ordenada por el sangriento dictador Rafael Trujillo Molina. La Procuraduría General de la República, la Dirección General de Migración o cualquier organismo competente tienen que intervenir para frenar las violaciones en que incurre el alcalde de Dajabón.

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