Su condena a un año de prisión por difamación, aunque sea suspendida, es un buen ejemplo de que no se puede acusar sin pruebas. La sentencia, que también lo condena a una indemnización de dos millones de pesos, es un mensaje para todos los que se dedican, de una manera u otra, al oficio de la comunicación. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, lo demandó por comentarios que consideró injuriosos y difamatorios y que él no pudo demostrar en los tribunales.

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