Santo Domingo.– El abogado Bunel Ramírez cuestionó la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) que suspendió la séptima Convención Nacional Ordinaria del Partido Humanista Dominicano (PHD), al considerar que el órgano jurisdiccional habría adoptado una medida contraria a disposiciones de su propio reglamento.

Durante una entrevista en el programa Su Mundo con el Pueblo, Ramírez, quien aseguró haber representado legalmente al PHD ante el TSE, explicó que la suspensión se produjo luego de una solicitud presentada por varios dirigentes de esa organización que alegaron haber sido excluidos del padrón utilizado para la convención.

El jurista sostuvo que el partido había convocado previamente a sus delegados a un proceso de reafirmación de militancia y afirmó que una parte de quienes posteriormente acudieron al tribunal no participó en esa jornada.

Ramírez cuestionó, además, que el tribunal admitiera la actuación de abogados que, según su versión, no presentaron los poderes correspondientes para representar a los demandantes.

“El artículo 27 del reglamento dice que se apodera el tribunal, entre otras cosas, con un poder del abogado si los demandantes no firman la instancia”, señaló, al afirmar que la falta de poder también está contemplada como causa de nulidad.

El abogado consideró que el TSE se apartó de criterios establecidos en decisiones anteriores y de su propio reglamento al entender que, en ese caso, el poder otorgado al abogado podía presumirse.

Sobre el futuro del proceso interno del PHD, explicó que todavía no existe una nueva fecha para la convención debido a que permanece pendiente la demanda principal de impugnación.

Ramírez sostuvo, además, que la imposibilidad de celebrar la convención no implica automáticamente el cese de las actuales autoridades del partido, ya que, según su interpretación, la legislación dispone la renovación cada cuatro años, pero no establece la extinción inmediata de los mandatos cuando el proceso no puede realizarse.

Denuncia supuestas firmas falsas

El abogado también reveló que fue consultado luego de detectarse, según aseguró, nombres de personas que aparecen en documentos utilizados para apoderar al tribunal, pese a que estas alegadamente niegan haberlos firmado.

Ramírez explicó que el caso habría dado lugar a una querella por presunta estafa judicial, aunque aclaró que no participa como abogado en ese proceso penal. Pasted text

Indicó que corresponderá a las autoridades realizar las experticias necesarias para determinar la autenticidad de las firmas.

“La falsedad no se presume, hay que demostrarla”, puntualizó.

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