Por tratarse de un derecho fundamental de orden público que obliga al Estado a garantizarlo por encima de intereses privados, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) ha obrado en buen derecho al ordenar a la Asociación de Clínicas Privadas (Andeclip) abstenerse de suspender los servicios de salud a más de un millón de afiliados a la seguridad social.

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