Santo Domingo.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció la suspensión de oficio de 20 Registros de Proveedores del Estado (RPE) pertenecientes a personas jurídicas y consorcios vinculados a una presunta estructura fraudulenta que habría manipulado procesos de contrataciones públicas.

Según la resolución DGCP44-2025-004600, las razones sociales suspendidas incluyen: Comerdon SRL, Inversiones Qtek SRL, Condelca SRL, Tingley Business SRL, Mediterráneo Investments Group SRL, Kury Limited, Importadora Coav SRL, Empresas Integradas SAS, Flexiplas SRL, Inversiones Nogal Verde SRL, Agro Avícola Benevento SRL, Grupo Empresarial Barnichta SRL, Inversiones Yang SRL, Topicverse SRL y Roment SRL, entre otras.

También fueron suspendidos los consorcios Empresas Integradas & Concreto Pretensado, Empresas Integradas & Constructora Yeara, Empresas Integradas & Farmasino, Empresas Integradas & Tankasa y el Consorcio Importadora Integrada.

La DGCP advirtió que, a medida que avancen las investigaciones administrativas y penales encabezadas por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, podrían agregarse más empresas o personas naturales involucradas en el caso.

La institución explicó que esta suspensión no constituye una sanción, sino una medida cautelar preventiva destinada a proteger la transparencia, la competencia y la integridad del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP) mientras continúa la investigación por presuntos delitos como estafa contra el Estado, soborno, colusión, lavado de activos, falsificación de documentos y asociación de malhechores.

El órgano rector señaló que existe un “riesgo grave e inminente” para el sistema cuando hay indicios de colusión organizada, ya que esto afecta la libre competencia, el uso eficiente de los recursos públicos y la igualdad entre oferentes. Mantener a estas empresas habilitadas, advirtió, podría facilitar la reiteración de irregularidades o la obstrucción de procesos.

Antecedentes

La DGCP recordó que, a finales de octubre, remitió a la Procuraduría un informe técnico elaborado junto a la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, el cual documenta que esta estructura habría manipulado licitaciones mediante intimidación, extorsión y posibles vínculos con funcionarios públicos.

La investigación reveló patrones coincidentes de participación conjunta, rotación de adjudicatarios, concentración de contratos y testimonios de proveedores que denunciaron amenazas, chantajes y presiones para abandonar adjudicaciones legítimas, evidenciando un esquema organizado para distorsionar la transparencia de los procesos.

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