La promulgación de la Ley 30-26 de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional marca un hito en la gestión económica de la República Dominicana. Lejos de ser una simple reforma recaudatoria, esta pieza legislativa redefine la relación de transferencias entre el Estado, las empresas y las personas físicas. En un contexto global de inconsistencia de las materias primas y rigidez presupuestaria interna, el análisis de esta ley requiere despojarse de sesgos políticos para evaluar su sostenibilidad de largo plazo:

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