SANTO DOMINGO, RD.- El presidente de la República, Luis Abinader, vuelve a rendir cuentas al país en un contexto marcado por contrastes.

Su discurso del 27 de febrero de 2025 presentó un balance centrado en los resultados de 2024 y una agenda de metas futuras, pero a un año de esa alocución el debate público combina cifras positivas con cuestionamientos políticos e institucionales.

La recién inaugurada Línea 2C del Metro de Santo Domingo se proyecta como uno de los logros más visibles del Gobierno, al extender el sistema ferroviario hacia Los Alcarrizos y mejorar la movilidad de miles de ciudadanos que diariamente se desplazan hacia el Distrito Nacional.

En paralelo, el Ejecutivo ha impulsado la rehabilitación y construcción de importantes carreteras, entre ellas la circunvalación de Baní, avances en la autopista Duarte con su proceso de ampliación y modernización, así como tramos intervenidos en la carretera Sánchez y la autovía del Este.

En el ámbito económico, el mandatario exhibió indicadores favorables que fortalecieron su narrativa de estabilidad: crecimiento del 5 % del PIB, récord en exportaciones e inversión extranjera y control del déficit fiscal.

A esto se sumó la reducción de la pobreza y la creación de empleos formales, datos que el Gobierno ha utilizado como sustento de su apuesta por la continuidad de las políticas macroeconómicas.

La gestión social también fue presentada como uno de los principales logros. La ampliación de subsidios estatales, la entrega de viviendas y el fortalecimiento del sistema educativo con renovación curricular, conectividad y dotación tecnológica formaron parte del paquete de avances señalados en la última rendición, junto al crecimiento del turismo y la ejecución de obras de infraestructura en distintas provincias.

En salud y seguridad, el Ejecutivo destacó la expansión de la red hospitalaria, la reducción del dengue y la disminución de la tasa de homicidios, así como el impulso a la reforma policial y el reforzamiento de la seguridad fronteriza. Estas medidas fueron enmarcadas dentro de una estrategia orientada a mejorar la calidad de vida y la percepción de seguridad ciudadana.

No obstante, el balance no ha estado exento de sombras.

El Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha sido objeto de debate por cuestionamientos sobre su sostenibilidad y capacidad de respuesta, mientras que cambios y denuncias en entidades vinculadas a la juventud y la formación tecnológica han generado críticas sobre la gestión institucional y la transparencia en nombramientos y procesos.

El oficialismo también ha enfrentado golpes reputacionales por señalamientos que vinculan a diputados del partido de gobierno con redes del narcotráfico, episodios que han provocado reacciones políticas y han reavivado el debate sobre los filtros éticos en la vida partidaria.

Estas situaciones contrastan con el discurso oficial de fortalecimiento de la institucionalidad y la lucha contra la corrupción.

A ello se suman controversias en programas sociales emblemáticos como Propeep y Supérate, que han sido objeto de cuestionamientos mediáticos y políticos por el manejo de recursos y la focalización de ayudas.

Aunque el Gobierno ha defendido la transparencia de estas iniciativas, el escrutinio público ha mantenido estos temas en la agenda nacional.

De esta manera, a un año de la última rendición de cuentas, la gestión del presidente se mueve entre avances medibles en la economía, la infraestructura y la política social, y desafíos vinculados a la confianza institucional y la percepción de transparencia. El nuevo discurso ante la nación se perfila, así, como una oportunidad para reafirmar logros, responder críticas y redefinir el rumbo de un gobierno que continúa transitando entre luces y sombras.

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