La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) entregó a la Cámara de Diputados un documento con 14 observaciones fundamentales al Proyecto de Ley Orgánica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), buscando garantizar que la normativa respete la privacidad, la libertad de expresión y los derechos humanos.

El vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió que la ley debe eliminar cualquier ambigüedad que pueda derivar en prácticas autoritarias y subrayó que la inteligencia estatal debe ser un instrumento de seguridad, no de control indebido sobre los ciudadanos.

Entre los puntos señalados, FINJUS pidió que toda solicitud de información a entidades privadas, financieras o de telecomunicaciones sea puntual y autorizada judicialmente, rechazando el acceso indiscriminado a datos personales.

Además, la fundación propuso que el DNI rinda cuentas no solo al presidente, sino también a una comisión bicameral del Congreso, para asegurar mayor transparencia y supervisión democrática.

En el ámbito administrativo, FINJUS recomendó que el organismo no quede completamente exento de la Ley de Compras y Contrataciones, limitando las excepciones únicamente a asuntos estrictamente relacionados con la seguridad nacional.

Castaños Guzmán también enfatizó la necesidad de proteger las fuentes periodísticas y el secreto profesional, recordando que la ley no puede ignorar las normas vigentes sobre protección de datos personales.

Finalmente, la fundación advirtió sobre la posibilidad de invasión de funciones del Ministerio Público, por lo que sugirió que el DNI remita de inmediato a la Procuraduría cualquier hallazgo de delitos y que exista un régimen de responsabilidad penal para los agentes que actúen fuera de la ley.

“El sistema de inteligencia debe responder a amenazas, no sacrificar libertades”, concluyó Castaños Guzmán, reiterando que la seguridad nacional debe fortalecerse sin comprometer los derechos fundamentales.

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