Santo Domingo.– La Secretaría de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo (FP), denunció presuntas inconsistencias entre el volumen de sedimentos autorizado para extracción en la presa de Hatillo y las cantidades contempladas en contratos suscritos para esos trabajos, por lo que solicitó la suspensión temporal de las operaciones mientras se revisan los documentos.

El titular de esa secretaría, Paino Abreu Collado, afirmó que el permiso VSA09-26-00039, otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente a la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), autoriza la extracción de 100,000 metros cúbicos de sedimentos durante seis meses.

Sin embargo, sostuvo que tres contratos firmados entre diciembre de 2025 y enero de 2026 contemplan en conjunto 1,330,694 metros cúbicos, una cantidad que, según señaló, supera en más de 13 veces el volumen autorizado.

Abreu también cuestionó el valor económico asociado al aprovechamiento de los materiales extraídos. De acuerdo con estimaciones presentadas por la organización política, la comercialización de grava y arena podría generar ingresos cercanos a RD$1,000 millones, luego de descontar costos de extracción, transporte, procesamiento y comercialización.

El dirigente consideró que debe establecerse un mecanismo más transparente y competitivo que permita determinar con claridad los beneficios económicos derivados de la extracción y la proporción que correspondería al Estado.

La Fuerza del Pueblo aclaró que no se opone a la remoción de sedimentos para recuperar la capacidad de almacenamiento de los embalses, pero sostuvo que estos trabajos deben desarrollarse bajo criterios técnicos, ambientales y económicos claramente definidos.

Abreu solicitó una revisión técnica y jurídica del permiso y de las condiciones de ejecución del proyecto, con participación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), y pidió a EGEHID detener temporalmente las actividades de extracción, acarreo y entrega de materiales hasta que una comisión técnica evalúe el proceso.

También reclamó al Ministerio de Medio Ambiente explicar por qué el proyecto no fue clasificado como categoría A, conforme a la Resolución 0025-2024.

La organización pidió además a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales investigar posibles violaciones a la Ley 64-00, mientras solicitó a la Dirección General de Contrataciones Públicas revisar el procedimiento EGEHID-CCC-LPN-2025-0015 y a la Cámara de Cuentas auditar la ejecución de los contratos y los recursos generados.

Asimismo, la FP propuso establecer una veeduría ciudadana con participación de comunidades de la cuenca del Yuna, representantes religiosos y sectores académicos.

Abreu respaldó además las solicitudes de información formuladas por autoridades eclesiásticas de Monseñor Nouel y La Vega para acceder a contratos, estudios ambientales, documentos técnicos y evidencias de consultas comunitarias relacionadas con el proyecto.

“El río Yuna no puede seguir siendo una cantera y la cola de Hatillo no puede convertirse en el cuerpo de un negocio opaco. Que se publiquen las cuentas, y que cuadren”, expresó Abreu al concluir su declaración.

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