Santo Domingo, RD. – A pesar de los avances institucionales y los discursos oficiales, en República Dominicana persiste una deuda histórica con las personas con discapacidad, un segmento que representa aproximadamente el 10 % de la población y que aún enfrenta enormes barreras para acceder a servicios básicos, educación, empleo y atención en salud.

Este 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, organizaciones sociales, líderes comunitarios y representantes de la Iglesia elevaron un nuevo llamado de urgencia al Estado dominicano, denunciando que los esfuerzos gubernamentales continúan siendo insuficientes para garantizar la inclusión real.

Durante una eucaristía celebrada en conmemoración a la fecha, la Iglesia católica instó a la sociedad a actuar con mayor solidaridad hacia quienes viven con algún tipo de deficiencia físico-motora, al tiempo que recordaron que la desigualdad en el acceso a oportunidades no es solo una condición social, sino un problema moral y estructural.

Aunque muchas personas con discapacidad poseen altas capacidades, talentos y destrezas, se enfrentan a obstáculos que dificultan su participación plena en la sociedad. Entre las principales limitantes destacan:

  • Falta de rampas y accesibilidad en espacios públicos y privados.

  • Dificultad para integrarse al mercado laboral formal.

  • Limitaciones en centros educativos para recibir estudiantes con necesidades especiales.

  • Servicios de salud sin preparación ni personal capacitado.

Esta realidad, según denuncian los propios afectados, constituye una deuda acumulada por administraciones pasadas y presentes.

De acuerdo con levantamientos recientes, la región Nordeste registra la mayor prevalencia de discapacidad del país, alcanzando un 14 %, cifras que evidencian desigualdades territoriales que agravan la situación de quienes viven en zonas rurales o con menos acceso a servicios públicos.

Aunque se han anunciado políticas de inclusión y se han creado instituciones para atender esta población, organizaciones defensoras afirman que los cambios reales siguen sin materializarse y que el país continúa lejos de garantizar derechos fundamentales como movilidad, educación inclusiva y empleo digno.

En este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el clamor se repite: el Estado dominicano debe pasar del discurso a las acciones concretas para saldar una deuda que pesa sobre miles de ciudadanos invisibilizados por décadas.

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