SANTO DOMINGO.– El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por el Distrito Nacional, Gustavo Sánchez, cuestionó las actuaciones de la Policía Nacional y denunció que los denominados “intercambios de disparos” se han convertido en una justificación para cometer ejecuciones extrajudiciales, en violación de los derechos fundamentales y de las disposiciones constitucionales.

Durante una intervención en la Cámara de Diputados, el legislador afirmó que la institución policial se ha convertido en una “maquinaria de terror” que, a su juicio, sustituye las funciones de los tribunales y representa una amenaza para la institucionalidad y la democracia dominicana.

“¿Hasta cuándo vamos a aceptar que esa expresión se convierta en una justificación automática de la muerte de ciudadanos a manos de quienes tienen la obligación de proteger la vida?”, cuestionó Sánchez.

El diputado también criticó que los llamados intercambios de disparos puedan utilizarse como sustitutos de las investigaciones criminales y los procesos judiciales, al considerar que corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad penal de los ciudadanos.

En ese sentido, sostuvo que existe una diferencia entre enfrentar a una persona armada que pone en peligro la vida de un agente policial y ejecutar a un sospechoso que pudo haber sido detenido y sometido a la justicia.

Sánchez advirtió que la Policía Nacional no puede comportarse como una organización armada enfrentada a otra, debido a que representa al Estado dominicano y tiene la obligación de actuar conforme a la Constitución y las leyes.

“La Policía Nacional no puede actuar como si fuera una banda armada enfrentada a otra banda armada”, manifestó el legislador durante su exposición.

Asimismo, recordó que el artículo 37 de la Constitución dominicana establece la inviolabilidad de la vida y prohíbe la imposición, pronunciación y aplicación de la pena de muerte.

El congresista consideró que cuando un presunto delincuente muere durante una intervención policial en circunstancias que no han sido debidamente esclarecidas, además de la posible violación del derecho a la vida, se corre el riesgo de perder informaciones importantes para identificar y desmantelar estructuras criminales.

A su juicio, las investigaciones deben determinar quiénes financian las actividades delictivas, suministran armas, compran bienes robados y dirigen las operaciones de las organizaciones criminales.

También planteó la necesidad de establecer si existen personas con poder económico, político o vinculadas a instituciones del Estado que se benefician de esas actividades ilegales.

“¿Quién financiaba las operaciones de ese delincuente? ¿Quién le suministraba las armas? ¿Quién compraba los bienes robados? ¿Quiénes eran sus cómplices? ¿Quiénes dirigían las operaciones?”, preguntó.

Sánchez insistió en que estas interrogantes deben ser respondidas mediante investigaciones criminales que permitan identificar a todos los involucrados, en lugar de dar por concluidos los casos con la muerte de los presuntos responsables durante actuaciones policiales.

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