Los más de 56 mil impedimentos de salida que levantó la dirección de Migración porque carecían de sustento judicial evidencian los atropellos en que han incurrido las propias autoridades contra los derechos de la ciudadanía. Las violaciones, que datan desde 1990 y que han sido corregidas en coordinación con la Procuraduría General de la República, invitan a una revisión más profunda de decisiones atentatorias contra la dignidad humana dispuestas en el presente o en el pasado. Es posible que una gran parte de los impedidos de salir del país ni siquiera estuvieran enterados, porque las autoridades jamás se lo comunicaron. Esos impedimentos de salida en el aire son, lo mismo que las siniestras fichas policiales, una rémora de la represión y el autoritarismo en el ejercicio del poder que es tiempo de extirpar en aras de la consolidación de un sistema de derechos. Los registros y alertas migratorios que carecían de una orden emitida por una autoridad judicial competente no había más que eliminarlos.

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