SANTO DOMINGO, República Dominicana.-De acuerdo a la Junta Central Electoral, la reducción nuevamente a la asignación presupuestaria destinada a los partidos y organizaciones políticas, implicaría afectar la planificación, la organización financiera, operativa, educativa y logística, así como el cumplimiento de los gastos y obligaciones que han contraído con base a la certidumbre de una ley promulgada en 2025 y, la resolución 01-2026, del organismo rector de comicios.

El pasado 30 de abril, el gobierno dominicano propuso una reducción del 50% en el financiamiento destinado a los partidos políticos, lo que la JCE subraya podría representar un flagelo para la legalidad e integridad electoral.

«De materializarse la reducción presupuestaria, tendría un impacto negativo en los principios de certidumbre, legalidad e integridad electoral, además de la equidad en la contienda, la seguridad jurídica electoral y el ejercicio mismo de la democracia, sustentada en el sistema de partidos», continúa la comunicación.

El documento agrega que: «La Constitución de la República establece en sus artículos 211 y 212 que corresponde a la Junta Central Electoral garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones, así como velar porque los procesos electorales se desarrollen con sujeción a los principios de libertad, equidad en las campañas y transparencia en el uso del financiamiento».

En ese sentido, el órgano electoral hace un llamado a las autoridades para que actúen conforme al marco constitucional y legal vigente, «en respeto del sistema democrático y de las reglas preexistentes que garantizan la estabilidad del sistema de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, la sana y justa competencia electoral, así como el cumplimiento de los fines esenciales reconocidos a dichas organizaciones políticas por el artículo 216 de la Constitución de la República Dominicana».

La JCE destacó que, según el artículo 224 de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, la contribución económica del Estado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos en un año no electoral, como el 2026, debe entregar a los partidos y movimientos políticos el 0.25% de los ingresos nacionales, pero que en el año 2025 fueron entregados fondos equivalentes al 0.12%, subrayando que ya están recibiendo un monto menor al que les corresponde.

«Mediante la Ley núm. 99-25, de Presupuesto General del Estado para el Ejercicio Presupuestario del año 2026, promulgada en fecha dieciséis de diciembre de 2025, se consignó una contribución económica equivalente al 0.12%, es decir, un poco menos de la mitad del monto legalmente establecido».