La sanción del Tribunal Constitucional por retener vehículos e imponer multas a los propietarios para retirarlos es una lección tanto para él y como para todos los ayuntamientos que incurren en la ilegal práctica. Los cabildos no pueden exceder sus atribuciones basados en la autoridad. Prácticas por las que se le condenó representa un abuso de poder que en modo alguno pueden tolerarse.

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