Santo Domingo.- Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, saludó y respaldó la Sentencia TC-01225-25 mediante la cual el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las disposiciones de los Códigos de Justicia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que penalizaban las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo dentro de los cuerpos uniformados.

Los artículos anulados —el 210 de la Ley núm. 285 y el 260 de la Ley 3483— imponían penas de hasta dos años de prisión a oficiales y alistados de los cuerpos castrenses por el hecho de mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, sin importar el ámbito en que ocurrieran. Estas disposiciones, heredadas del trujillismo, mantenían vigencia normativa y práctica, vulnerando los derechos de las personas homosexuales que sirven al país desde estas instituciones.

Participación Ciudadana destacó que el Tribunal reafirma un principio constitucional fundamental: ninguna autoridad del Estado ni ningún particular puede restringir derechos en función de la orientación sexual, por tratarse de un aspecto protegido por la dignidad humana, la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad.

La organización subrayó que esta decisión restablece la supremacía constitucional frente a normas anacrónicas y discriminatorias que, durante décadas, legitimaron desigualdad estructural en la carrera policial y militar. “El Tribunal Constitucional cumple con su función de garante último de la Constitución, asegurando que ninguna disposición sancione a personas por conductas privadas, consensuales y sin relación con los fines legítimos del servicio público”, sostuvo la entidad.

Asimismo, Participación Ciudadana resaltó que la sentencia fortalece la institucionalidad democrática al ordenar que todas las normas internas de cuerpos castrenses, instituciones públicas y actores privados se adecuen al mandato constitucional de igualdad y no discriminación.

La entidad también valoró la claridad con la que el Tribunal identificó que las disposiciones anuladas no estaban relacionadas con la disciplina institucional ni con los objetivos legítimos del servicio, sino que respondían a prácticas históricas de estigmatización y a una intromisión indebida en la vida privada de policías y militares.

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