Santo Domingo, República Dominicana – La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó la realización de una investigación exhaustiva e inmediata sobre las afectaciones, ocupaciones ilegales y posibles fraudes inmobiliarios en diversas áreas protegidas del país, incluyendo el Parque Nacional Jaragua, la zona de Bucanyé, Valle Nuevo, las Dunas de Baní, la Sierra de Bahoruco y el Parque Nacional Hoyo del Pino.

Para ello, la magistrada designó una fuerza de tarea especial coordinada por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

El equipo está integrado por procuradores especializados en diversas áreas:

  • Mirna Ortiz, Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA)

  • Francisco Contreras, Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren)

  • Ramona Nova, Procuraduría Anti-Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

  • Ana Burgos, Unidad de Investigación Inmobiliaria

  • Gedeón Platón Bautista Liriano, abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Central

Alcance de la investigación

La instrucción establece que las indagatorias deben cubrir todos los actos jurídicos, administrativos o transacciones que hayan dado lugar a la expedición de títulos de propiedad o acciones privadas que afecten la integridad de estas áreas protegidas.

El objetivo es detectar entramados criminales, corrupción, falsificación o prevaricación que hayan facilitado el apoderamiento del patrimonio natural público. Además, la fuerza de tarea deberá elaborar un informe conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre la situación jurídica y el impacto de los delitos medioambientales en las 134 áreas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

Compromiso con la preservación ambiental

La Procuradora General enfatizó que “la conservación y preservación de las áreas protegidas, representativas de los diferentes ecosistemas y del patrimonio natural y cultural de la República Dominicana, aseguran la permanencia y optimización de los servicios ambientales y económicos que estos ecosistemas ofrecen a la sociedad presente y futura”.

El Ministerio Público explicó que esta medida forma parte de un cambio estructural en la persecución de los delitos ecológicos, que ahora se tratarán con la misma rigurosidad que el crimen organizado, dado su impacto muchas veces irreversible sobre la sociedad y los recursos naturales esenciales, incluyendo la seguridad hídrica y la sostenibilidad de actividades productivas clave para el desarrollo socioeconómico del país.

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