SANTO DOMINGO, RD.-  El dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP) solicitó a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) investigar la actuación de funcionarios y abogados de Bienes Nacionales en un proceso judicial relacionado con terrenos ubicados en la avenida José Contreras, en el Distrito Nacional.

La solicitud surge tras una investigación de un medio de comunicación que señala que el Estado dominicano podría tener que pagar RD$2,693.9 millones, luego de que un recurso de casación presentado por Bienes Nacionales quedara perimido por falta de actuación procesal durante tres años.

Martínez consideró que, por el monto involucrado, el caso no debe ser tratado únicamente como un error procesal, sino que deben establecerse las circunstancias que provocaron la pérdida del recurso y determinar quiénes tenían bajo su responsabilidad el seguimiento del expediente.

De acuerdo con la información publicada, el Tribunal Superior Administrativo había fijado en RD$2,693,994,196.50 el monto a pagar a los sucesores de los antiguos propietarios de los terrenos. Bienes Nacionales cuestionaba esa valoración y sostenía que el monto pendiente era de aproximadamente RD$120.2 millones.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia no pudo conocer los argumentos de Bienes Nacionales debido a la perención del recurso de casación. Posteriormente, el Tribunal Constitucional confirmó esa decisión mediante la sentencia TC/0771/26, dictada el 17 de agosto de 2026.

Ante esta situación, el secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo pidió a la DIGEIG determinar quiénes estaban encargados del expediente, qué mecanismos de supervisión existían y por qué no se realizaron las actuaciones necesarias dentro del plazo establecido.

“Estamos hablando de casi RD$2,700 millones que tendrá que pagar el pueblo dominicano. Cuando una actuación o una omisión de servidores públicos tiene consecuencias de esta magnitud para el patrimonio del Estado, existe la obligación de investigar, identificar responsabilidades y explicar al país qué ocurrió”, afirmó Martínez.

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El dirigente opositor también planteó que se determine si las autoridades superiores de Bienes Nacionales fueron informadas sobre la situación y si existieron fallas de supervisión que pudieran generar responsabilidades administrativas.

Martínez exhortó a la DIGEIG a investigar el caso y establecer las responsabilidades correspondientes, al considerar que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo un proceso judicial de esta magnitud llegó a quedar sin la actuación procesal necesaria para defender los intereses económicos del Estado.

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