SANTO DOMINGO.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) propuso modificar la legislación dominicana para establecer penas de hasta 30 años de prisión contra los responsables del contrabando de armas, municiones y pertrechos de guerra hacia Haití, ante los casos de tráfico ilícito que, según la organización, evidencian debilidades en los controles aduaneros y representan una amenaza para la seguridad nacional.

El titular de la Secretaría de Asuntos Aduanales y Puertos de la organización opositora, Orlando Espinosa, consideró necesario que el Congreso Nacional revise las sanciones establecidas para estos delitos, debido a que las organizaciones criminales utilizan mecanismos del comercio internacional para transportar armamentos y municiones.

Espinosa explicó que la Ley General de Aduanas 168-21 contempla penas de hasta diez años de prisión para determinadas modalidades de contrabando agravado, mientras que la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados establece sanciones que pueden alcanzar los 30 años en casos específicos vinculados al desvío de pertrechos oficiales.

A su juicio, estas diferencias en el tratamiento penal deben ser revisadas para evitar que quienes participan en el tráfico de armamento reciban sanciones menos severas cuando las operaciones se realizan mediante mecanismos aduaneros.

El dirigente político también cuestionó al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por los casos de municiones de origen militar dominicano que, según señaló, han sido encontradas en poder de organizaciones criminales haitianas.

“Resultaba difícil imaginar que municiones destinadas a la defensa de la República Dominicana pudieran terminar en manos de bandas armadas haitianas. Sin embargo, bajo la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM), estamos frente a una realidad que demuestra hasta dónde puede llegar la creatividad del crimen organizado”, expresó.

Espinosa agregó que a esta situación se suman casos de narcotráfico que han involucrado a dirigentes y legisladores del oficialismo, sobre los cuales consideró necesario ofrecer explicaciones y establecer responsabilidades.

“Lo que antes podía considerarse un problema de contrabando comercial hoy plantea desafíos que comprometen directamente la seguridad nacional”, sostuvo.

Informes de las Naciones Unidas sobre tráfico de armas

Como parte de sus planteamientos, el dirigente hizo referencia a informes del Panel de Expertos de las Naciones Unidas sobre Haití, en los que se menciona la intercepción de un contenedor procedente de Miami en el puerto de Haina, declarado como ajuares del hogar, en cuyo interior fueron encontrados 36,000 cartuchos y 23 armas de fuego.

También citó el caso de un segundo teniente del Ejército dominicano que fue detenido junto a un ciudadano haitiano cuando transportaban 1,516 cartuchos en una motocicleta por la provincia San Juan.

También, recordó que los informes de Naciones Unidas documentan la presencia de municiones identificadas con las siglas ERD, correspondientes al Ejército de República Dominicana, que habrían sido incautadas a organizaciones criminales haitianas, incluida la banda 400 Mawozo.

Ante estos casos, consideró que las investigaciones deben ir más allá de las personas detenidas durante el transporte de armas y municiones, para identificar a quienes financian, organizan y se benefician de estas operaciones.

Asimismo, planteó que las autoridades deben determinar si existen funcionarios vinculados a estas redes y establecer las responsabilidades correspondientes cuando las investigaciones demuestren su participación.

Plantea aumentar sanciones y controles aduaneros

Entre las modificaciones propuestas por la Fuerza del Pueblo figuran la armonización de las penas contempladas en la Ley General de Aduanas y la Ley de Armas, el aumento de las sanciones por reincidencia y la aplicación de medidas adicionales contra los responsables de estas actividades ilícitas.

Espinosa explicó que estas medidas incluirían la inhabilitación para realizar operaciones de comercio exterior y la incautación definitiva de los bienes utilizados por las organizaciones dedicadas al contrabando.

El dirigente también reclamó una mayor fiscalización de las operaciones de tránsito internacional de mercancías, así como controles para prevenir el desempaque ilegal y el desvío de cargas dentro del territorio dominicano.

En ese sentido, sostuvo que las autoridades deben explicar las acciones que están ejecutando para impedir que los puertos, las aduanas y otras plataformas logísticas del país sean utilizadas para el tráfico de armamento.

Espinosa insistió en que el contrabando de armas y municiones no debe tratarse únicamente como una infracción comercial, debido a sus implicaciones para la seguridad pública, la soberanía y la estabilidad del país.

Finalmente, señaló que enfrentar estas organizaciones requiere investigaciones judiciales, cooperación internacional, mayores controles aduaneros y una legislación que establezca sanciones acordes con la gravedad de los delitos.

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