El ejercicio ilegal de la medicina constituye una amenaza para la salud pública y una afrenta a la dignidad humana. Cuando una persona sin la formación, las credenciales o la autorización legal correspondientes asume funciones médicas, convierte la vulnerabilidad del paciente en una oportunidad para la improvisación, el engaño y, en los casos más graves, el daño irreversible.

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